El gobierno de Alfonsín: Una mirada económica de una democracia que no fue

El cáncer que azotaba sus pulmones pudo más, y se llevó al presidente que le devolvió a los Argentinos la capacidad de pensar y expresarse libremente, de poder volver a decir “no”, y de volver a tener esperanza por un país con más justicia social.
Desafortunadamente son pocos mis recuerdos de aquel 10 de diciembre de 1983, momento en el cual retorna la democracia a nuestra tan oprimida sociedad.
Ganando las elecciones con el 51.7 % de los votos contra el 40.1 % de Luder, se convertiría así en el primer presidente democrático luego de 8 años de terrorismo de estado ejercido por la Junta Militar.

Contexto económico

Alfonsín encuentra el estado sumergido en una deuda pública que ascendía los 45 mil millones de dólares, contraídos en su mayoría por el gobierno de facto desde 1976. Estimaciones del Banco Mundial, indican que la deuda se utilizó de la manera siguiente:

- 44 % para financiamiento de la evasión de capitales por parte de agentes privados, nacionales e internacionales.
- 33 % para el pago de intereses a la Banca Extranjera
- 23 % destinados a la compra de Armamento y otras importaciones no registradas.

Resulta difícil entender como un país se endeuda para fugar capitales, sin embargo fue así. Como el saldo de la balanza comercial no era suficiente para proveer de dólares a los grupos económicos en la medida que ellos lo requerían, se procedió al endeudamiento de las empresas públicas, que luego serían rematadas argumentando la ineficiencia de las mismas. La deuda se terminó de incrementar cuando en el 82 y gracias a una maniobra ideada por Domingo Cavallo, se estatizo el 90 % de la deuda privada mediante seguros de cambio, que las empresas no habían contratado, con el agravante de que esas deudas eran en su mayoría auto préstamos, avales caídos y otras maniobras ilegales.

Observación: La suba de los precios del petróleo en los países de la OPEP, produjeron un gran exceso de dólares (petro-dólares) que, de no ser invertidos, pondría en riesgo el sistema financiero internacional. Es el comienzo de la política de endeudamiento de países que pudieran absorber ese exceso, eran los bancos los que presionaban a los países para otorgar créditos y no los estados para recibirlos. Argentina se endeudó como consecuencia de una política instrumentada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos a fin de evitar un colapso financiero internacional. Estos fondos, lejos de utilizarse para financiar el desarrollo del país, fueron derivados a los Bancos Comerciales, a ciertas empresas privadas y a los bolsillos de ciertos individuos que en su doble rol de funcionarios argentinos y representantes de los bancos extranjeros, cometieron en complicidad con los anteriores gran cantidad de maniobras ilícitas e inmorales con la impunidad que les garantizaba la dictadura militar. Sin embargo, el “dinero barato” de los petro-dólares duró poco, y ya para 1981 la tasa de interés se había triplicado haciendo imposible el pago de la deuda para la mayo ría de los países pobres.

En el plano internacional, se pasaba de un extremo de abundante liquidez que favoreció el endeudamiento de los países pobres, a una situación de escasa liquidez y elevadas tasas de interés que hacía colapsar el pago a término de la Deuda Externa. Con la crisis de México de 1982, comienza una etapa en donde solo entran capitales para el pago de intereses de la deuda. En Argentina, el paso de una etapa a otra se identifica según lo que se financió (salida de capitales o pago de intereses) y según los titulares de la deuda (sectores público o privado)
Por todo lo dicho anteriormente, se hacía necesario entonces una profunda investigación de la deuda pública, que reducía el margen estatal para aplicar medidas redistributivas.

La Investigación iniciada por Bernardo Grinspun

El gobierno de Alfonsín intentó por medio de su ministro de Economía Bernardo Grinspun investigar la deuda, para separar las obligaciones legítimas de aquellas que eran fraudulentas. Ante las presiones internas y externas a las que fue sometido, que lo enfrentaron incluso con los legisladores de su propio partido, Grinspun tuvo que limitar dicha investigación a las deudas privadas estatizadas por los funcionarios del proceso. El 5 de Julio de 1984, el directorio del Banco Central, presidido por Enrique García Vázquez cumpliendo las instrucciones de Grinspun dicto la circular N° 340, mediante la cual se disponía la conformación de un grupo de auditores que tendría a su cargo el análisis de la declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de Octubre de 1983 efectuada por los deudores privados. La división de la deuda en legítima y fraudulenta debía basarse en los siguientes parámetros:

a) Cuando el acreedor no confirme o niegue la existencia de una deuda ante el pedido de conformación de saldos efectuado por el Banco Central.

b) Cuando aparezca confusión en la calidad de deudor y acreedor, parcial o total, directa o indirectamente en una misma persona, a través de indicios graves, precisos y concordantes, o cualquier otro medio de prueba.

c) Cuando la operación se realizase fuera de las prácticas de mercado generalmente aceptadas.

d) En todas aquellas situaciones, en que la operación a juicio del Banco Central y como resultado de la investigación no se encuentre suficientemente acreditada.

Aunque los auditores tuvieron una serie de obstáculos, como las presiones e intimidaciones de los directivos de las empresas investigadas; las objeciones planteadas por los abogados de las mismas y la confusión en la cual pretendían sumirlos los contadores, su trabajo encomiable y riguroso llegó a conclusiones sorprendentes que aquí resumimos:

- Anomalías en la concertación de seguros de cambio
- Autopréstamos (Un autopréstamo es un procedimiento que consiste en transferir divisas a un país extranjero que después vuelven a ingresar como "préstamos" del exterior. Los supuestos deudores recibían el beneficio de los seguros de cambio y posteriormente el de los títulos públicos que entregó el Estado para pagar o refinanciar deudas privadas)
- Endeudamientos producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron.
- Aportes de capital, disimulados como préstamos financieros.
- Sobrefacturación y abultamiento de la deuda.

Además de las irregularidades recién mencionadas, muchas empresas privadas contrajeron deudas en el exterior, con garantía del Estado que luego no pagaron. El Estado pagó dichas deudas y aunque las empresas debían rembolsar dichos préstamos, no lo hicieron. Entre las empresas beneficiadas por estos avales caídos podemos destacar a: Interama, Covimet, AUSA (Autopistas Urbanas), Aluar, Acindar, Papel Prensa, Induclor, Papel Tucumán (Grupo Bridas) e I.M.P.S.A (Grupo Pescarmona).
Otra anormalidad fue la inclusión en la deuda externa del sector privado, de las deudas de las filiales argentinas de las multinacionales con sus casas matrices en el exterior. La significación, veracidad, o magnitud de estas últimas, escapan a todo tipo de control o fiscalización.

El fracaso del “Consenso de Cartagena”

Quizás la exteriorización más notable de esta estrategia de investigación de la deuda fue la organización del llamado "Club de Deudores" que intentó tomar forma con el Consenso de Cartagena, llevado a cabo el 21 y 22 de junio de 1984, en el cual se reunieron 11 países de América Latina con el mismo problema de deudas. El 80 % de la deuda regional estaba comprometida por esos 11 países. La carta de presión era la amenaza de una moratoria conjunta que podía hacer temblar al sistema financiero internacional. Los diez grandes bancos norteamericanos tenían prestado a los países en desarrollo 2,8 veces su capital. Por lo tanto, una moratoria sólo del 40 por ciento de la deuda hubiera hecho quebrar a esas instituciones. Pero la presión de los acreedores, el FMI y los Estados Unidos, logro hacer fracasar estas iniciativas, y el documento final de Cartagena se limitó a crear un mecanismo de consulta y seguimiento regional para ayudar a la concreción de encuentros con los acreedores. Finalmente, los países terminaron negociando la deuda de forma aislada con la promesa de obtener mayores beneficios.

La política económica de Grinspun

Como Ministro de Economía, Bernardo Grisnpun intentó aplicar una clásica política keynesiana orientada a fortalecer el mercado interno, mediante el aumento de salarios y el control de las tarifas de los servicios públicos y políticas públicas como el Plan Alimentario Nacional (PAN), y el control de un tipo de cambio alto.
Desafortunadamente, la frustrada investigación de la deuda externa, sumado a un contexto internacional desfavorable, con caída de los precios de las materias primas, hizo fracasar el modelo implementado, debido a la alta inflación, déficit fiscal y comercial, oposición de los sindicatos y presiones de los grupos económicos.

Plan Austral

El pago de los elevados compromisos de deuda unido al bajo precio de las materias primas presionaba sobre el tipo de cambio, y finalmente sobre el nivel de precios, generando un contexto inflacionario y de déficit fiscal y comercial, hace fracasar las políticas de Grinspun. En febrero de 1985 asume como ministro de economía Juan Vital Sourrouille, el cual implementa el Plan Austral. El plan Austral fue muy parecido al “plan de convertibilidad” que implementaría luego Domingo Felipe Cavallo, en el sentido de que ambos fueron planes anti-inflacionarios y no planes económicos. Además, ambos planes, al reducir exitosamente la inflación, fueron cruciales para las ganar las elecciones de 1985 y 1991.
La medida política central fue el cambio del signo monetario, quitando tres ceros al Peso Argentino para crear el Austral. En rigor, se establecía la paridad 1000 $ = 1 Austral = 1,25 USD. Esto significó una devaluación de la moneda del 18 %, obteniendo una paridad cambiaria adecuada, que se mantuvo hasta abril del '86 y permitió mantener un balance comercial muy favorable.
Por otra parte se aplicó un fuerte control de precios. Las tarifas de los servicios públicos se aumentaron y congelaron, y se establecieron listas de precios máximos para los bienes de la canasta básica. También se buscó limitar el aumento de los salarios del sector privado. Para evitar loa aumentos injustificados provenientes de contratos anteriores al plan que establecían ajustes por inflación se aplicó una escala de conversión y se dispusieron medidas para reducir la tasa de interés de los depósitos y préstamos. Los ingresos fiscales mejoraron considerablemente al desaparecer el rezago fiscal, al aumentar el precio de los combustibles, al elevar los derechos de importación, fijar un derecho de exportación adicional y rebajar casi todos los reembolsos vigentes.
El plan logró el objetivo de reducir la inflación de un día para el otro (en los primeros meses de aplicación la inflación rondó el 1% mensual) con lo que el gobierno logró recuperar mucho de su popularidad inicial, ganando así las elecciones del 85. También logró el objetivo de no frenar el crecimiento típico en los planes gradualistas que recomendaba el FMI, llegándose a crecer al 5% anual al mejorar los precios de las materias primas hacia 1986.
El plan Austral funcionó bien en el corto plazo, cuando los precios internacionales permitieron mantener saneadas las cuentas del estado. Durante el año 1986, los precios internacionales de exportación cayeron significativamente, disminuyendo la entrada de divisas al país. Se inicia una etapa de déficit fiscal en las provincias, de desabastecimiento de algunos productos básicos, y otros factores que llevaron a desatar de vuelta el fenómeno de la inflación. Ante esta situación, se optó por el abandono de tos estrictos controles y por la liberalización económica. Esto significó el rompimiento con el modelo de economía semi cerrada puesto en marcha desde hacia medio siglo y la apertura del mercado a los productos extranjeros, acompañada por la reforma del Estado.
Hacia 1987 se inició una fase de descongelamiento gradual de precios; en ese período la inflación tuvo un ligero incremento, llegando hasta el 3% mensual, en combinación con una serie de devaluaciones para mantener la competitividad externa. La situación desmejoraría notablemente al aumentar fuertemente el tipo de interés internacional y reducirse nuevamente el precio de las materias primas, motor principal del modelo económico.
Mientras tanto se trataban renegociaciones sobre los vencimientos de la deuda externa, así como nuevos préstamos para hacer frente al sector externo, dejando de lado aquellos indicios de esperanza que aparecieron en las primeras etapas de este gobierno, en cuanto a la investigación de esa deuda que deterioraba la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.
A mediados de 1987, el gobierno declaró oficialmente fenecido el Plan Austral y anunció un nuevo paquete de medidas que atraerían el apoyo del FMI a través de otro crédito stand-by. Se atacaría a la inflación y el déficit fiscal interno y externo. Se establecían además pautas estrictas en relación al tipo oficial de cambio del dólar, los salarios, impuestos y tarifas de servicios públicos.
La aplicación de estas medidas, que provocaron una gran disminución en la capacidad adquisitiva de algunos sectores sociales, sumadas a la tibia respuesta al problema militar, a la imposibilidad de hacer frente a los problemas sindicales y otros, repercutieron en los resultados de los comicios electorales de septiembre de 1987. En las elecciones de diputados nacionales de 1987 el P.J. obtuvo el 41.5 % de los sufragios frente al 37,3% de la UCR; en las provinciales, los radicales sólo mantuvieron las gobernaciones de Córdoba y Río Negro junto a la Capital Federal.
El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria. Conforme a las políticas del FMI, en julio de 1987 el gobierno pone en marcha un plan de reducción de gasto público a través privatizaciones y reducción de personal público que no pudo llevar a cabo debido a la oposición del peronismo en el congreso.
En septiembre de 1987, el oficialismo pierde en las elecciones legislativas obteniendo un 37 % de bancos, contra el 40 % del peronismo. En 1988 la Argentina entra en moratoria por el pago de la deuda externa, con una inflación que en agosto alcanzaba el 27,6 %.

El Plan Primavera

Este plan incluyó congelamiento de tarifas, acuerdo de precios con pauta de aumentos mensuales, desdoblamiento y “tablita” para el mercado de cambios. Además, se rebajó el IVA y se lanzó un programa de racionalización de la administración pública. Estaba centrado, una vez más, en contener el ascenso inflacionario a través del control de precios de las tarifas públicas y el congelamiento de los salarios estatales. Incluía control de cambio y precios, y negociación con el movimiento obrero. la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio. Quedaban fuera de la negociación Confederaciones Rurales Argentinas. la Federación Agraria, la Sociedad Rural y Coninagro. Pero el control de cambios que propuso fue recibido por la Sociedad Rural con una recordada silbatina.
1989 sería un año adverso para el gobierno. Las sequías afectaron las cosechas y la provisión do energía, el copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada llevado a cabo por miembros del Movimiento Todos por la Patria, el alza incontrolada de las tasas de interés, el agotamiento de las reservas del Banco Central para intentar mantener el valor de un austral queso depreciaba cada vez más frente al dólar y golpe de morcado producido por los principales grupos económicos al retirar sus depósitos de los bancos, retener divisas producidas por exportaciones y demorar el pago de impuestos.
Hacia 1989, la situación se volvió incontenible. El índice de precios superó 3000%. Era la tan temida hiperinflación, y en febrero una devaluación del austral generó una ola de saqueos en las principales ciudades del país. Tras una ardua negociación con Carlos Menem, Alfonsín decidió anticipar su salida de la Casa Rosada, dejando en claro que en la joven Argentina la democracia no era condición suficiente del crecimiento económico.

Conclusiones

El intento fallido por analizar una deuda externa ilegítima, (causa Nº 14467, Alejandro Olmos S/denuncia, Juez Jorge Ballestero) debido a las presiones del stablishment nacional e internacional, pone a la Economía Argentina en una situación de extrema dependencia de la entrada de divisas al país, ya sea vía endeudamiento externo, vía exportaciones o vía privatizaciones. Así se explica la momentánea eficacia del Plan Austral, que logró reducir la inflación, con un PBI creciente. Sin embargo, con la caída de los precios internacionales, la entrada de divisas para hacer frente a los vencimientos se debe obtener de mas endeudamiento o privatizando el patrimonio público. La segunda opción quedó en la nada tras la negativa en el congreso. Al agotarse la primera opción, y tras el golpe de mercado sufrido tras el anuncio del plan primavera, la escasez de dólares y la desatada espiral inflacionaria terminaron con el modelo alfonsinista. La política del endeudamiento implementada por la dictadura militar, nos puso de rodillas ante el acreedor interacional. Nos hizo plenamente dependientes de variables exógenas. Nos hizo dependientes de la entrada de divisas. La política del endeudamiento termino con la Argentina Industrial y comenzó con la Argentina de la timba financiera, afín a los grandes grupos empresarios y a la Banca Internacional.

Raúl Alfonsín fue el primero de una larga lista de presidentes, para los cuales la democracia se resume en el hecho de poder ir a votar cada 4 años. Raúl Alfonsín fue el primer presidente que nos dio a entender que la frase "con la democracia se come, se cura y se educa" forma parte de una utopía para los hermanos Argentinos. El hoy olvidado ministro de economía Grinspun tuvo la iniciativa de investigar el grave endeudamiento en el que Argentina estaba sumergido al comienzo de el gobierno Alfonsinista. Una deuda que funciona como una bomba de succión de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas públicas y en definitiva de nuestra vida y dignidad. Mas tarde se demostraría la ilegalidad de esa deuda odiosa, tras la causa N° 14467 de Alejandro Olmos, de la mano del Juez Ballestero, que delego el poder al congreso de la nación, un congreso que año tras año la ignora como si se tratara de algo insignificante. Las presiones del FMI y el BM en conjunto con el stablishment local e internacional hicieron fracasar el "consenso de cartagena" y se privó a la Argentina de poder curar ese cáncer que significa la deuda externa. La deuda se siguió pagando, se pidió mas deuda para poder pagar, y se privó al pueblo de poder comer, ser curado y ser educado. Las recetas de Sourrouille hundieron al país con políticas dependientes del "viento de cola", un elevado precio internacional de materias primas, con el Plan Austral y el Plan Primavera. Y la deuda ilegítima, se paga.

Alfonsín nos devolvió la democracia, sin embargo privilegió las ganancias del stablishment a la del pueblo para el cual se dedicaba. Nos hizo comprender que con la democracia no se come, no se cura y no se educa, si no existe una política económica funcional a ese fin. Una política que hoy, 25 años después, la seguimos esperando.

Fernando